MADRID // El eurodiputado
socialista Antonio Masip probablemente no se esperaba revivir una escena que en
su juventud lo marcó: la que tuvo lugar en Burgos en 1975 cuando se celebró el
consejo de guerra que mandó al paredón a los cinco últimos fusilados del
franquismo. Pero el veterano jurista se equivocaba. El pasado jueves, cuando
asistió al juicio militar que se sigue en Rabat contra 24 civiles saharauis,
Masip confiesa que sintió cómo ese proceso “lamentable” lo retrotraía a “a la
España del tardofranquismo”.
Desde hace seis días, un
tribunal castrense marroquí juzga a 24 saharauis, detenidos en relación con la
violencia originada por la intervención marroquí, el 8 de noviembre de 2010,
para desalojar el campamento pacífico de protesta Gdeim Izik, en las cercanías
de la ciudad de El Aaiún. El objetivo de los saharauis que levantaron sus
jaimas en el desierto era reclamar mejoras en su situación socioeconómica.
Los 24 saharauis están
acusados de delitos muy graves, como atentar contra la seguridad del Estado;
también de la muerte de varios agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes
y, en el caso de dos de ellos, incluso de haber profanado los cadáveres. Por esos
supuestos delitos podrían ser condenados incluso a cadena perpetua.
La versión de Rabat sostiene
que en los enfrentamientos entre agentes marroquíes y civiles saharauis que
siguieron a la violenta intervención para desmantelar el campamento, murieron
13 personas (11 marroquíes y 2 saharauis). Los saharauis elevan al menos a tres
las muertes de ciudadanos autóctonos probadas; una de ellas, la de un niño de
14 años, que murió tiroteado en el coche de su familia, y otra, la de un
español de origen saharaui, homicidios que no son objeto de ninguna
investigación judicial.
Las graves acusaciones que
penden sobre estos saharauis no se sustentan, sin embargo, en pruebas dignas de
ese nombre, denuncian los numerosos observadores, entre ellos Masip, que están
asistiendo al juicio. Tanto el eurodiputado como Luis Mangrané, del
Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, coinciden en denunciar la
“absoluta falta de garantías procesales”.
El eurodiputado explica que,
en este caso, Marruecos no sólo ha violado la ley internacional sino su propia
Constitución, que prohíbe los tribunales especiales, como está sucediendo en
este proceso, pues los saharauis, todos civiles, comparecen ante una corte
militar.
A estos saharauis, recuerda
además Masip, se les mantuvo 16 meses
incomunicados, de los más de dos años que llevan en prisión preventiva, cuando
la legislación marroquí eleva el plazo máximo de encarcelamiento antes del
juicio a 12 meses.
Sólo uno de los presos ha
supuestamente confesado su culpabilidad en las muertes de agentes marroquíes,
una confesión que está en entredicho “dado que la declaración aparece firmada
con una huella dactilar, cuando el acusado sabe leer y escribir”, explica el
eurodiputado socialista. Además, en la vista del juicio, todos los acusados se
han desdicho de sus declaraciones, que denuncian fueron obtenidas con torturas.
Otro de los casos, el de
Ennama Asfari, es especialmente llamativo: este conocido activista en favor de
la autodeterminación fue detenido el día antes del desmantelamiento de Gdeim
Izik, lo que no ha sido óbice para que Marruecos lo acuse de las muertes que se
produjeron cuando él ya estaba en prisión.
“Para salvar esta paradoja,
los marroquíes se han sacado de la manga que Asfari es el autor intelectual de
los supuestos delitos”, explica Luis Mangrané, que también asistió al juicio.
“Acusaciones abracadabrantes”
La Marea ha tenido acceso a
una traducción del acta de acusación de los 24 saharauis. En el documento se
desglosa un relato de los hechos que parte de una acusación inverosímil: la de
que los 24 presos retuvieron contra su voluntad, y sólo con unos pocos machetes
y cuchillos, a los cerca de 20.000 saharauis que alzaron sus jaimas en el
campamento de protesta.
“Este juicio es una pura
pantomima llena de acusaciones abracadabrantes, como la de que los saharauis
mataron a los agentes marroquíes cuando ni siquiera tenían armas”, se indigna
Masip, a quien se le ha quedado especialmente grabado el grito de uno de los
inculpados al entrar en la sala del tribunal: “Este saharaui pedía, en perfecto
español, que la MINURSO (la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del
Sáhara Occidental) supervisara los derechos humanos en la excolonia española”.
La MINURSO es la única misión de paz de la
ONU que no tiene competencias al respecto.
El proceso que ha presenciado
en Rabat ha impresionado tanto y tan mal a Antonio Masip, que el eurodiputado
ha escrito una carta a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, “con
copia a Lady [Catherine] Ashton, para informarle de la “indefensión” jurídica
de los saharauis y reclamarle las competencias en materia de Derechos Humanos
para la MINURSO.
En la misiva se recalca
también el “componente colonial” del tribunal. Para el veterano jurista, lo que
ha visto en Rabat es “un tribunal colonizador, sin garantías procesales, que
tiene lugar fuera del territorio [el Sáhara] y ante una jurisdicción militar”.